Paraguay construyó su reputación regional sobre una idea simple, la de un Estado que gasta menos de lo que ingresa y que cumple la regla que se fijó a sí mismo. La Ley de Responsabilidad Fiscal establece un tope de déficit del 1,5% del Producto Interno Bruto, y durante años ese número fue la carta de presentación del país ante los mercados y los organismos multilaterales. El problema que quedó expuesto en las últimas semanas no está en la cifra que el Gobierno mostraba, sino en lo que esa cifra dejaba afuera.

A fines de junio de 2026, la misión del Fondo Monetario Internacional que revisó las cuentas nacionales bajo la consulta del Artículo IV dejó una observación incómoda. El objetivo cuantitativo de deuda flotante no se había cumplido, y el organismo estimó que los compromisos atrasados con proveedores rondaban los 1.220 millones de dólares, repartidos entre cerca de 1.000 millones con el sector farmacéutico y unos 220 millones con las empresas constructoras. La recomendación técnica fue explícita, resolver esos atrasos y registrarlos y presentarlos de manera transparente en las estadísticas fiscales fortalecería la credibilidad de la política fiscal. En otras palabras, el Fondo no pedía solo pagar, pedía sincerar una deuda que no aparecía completa en los números oficiales.

Semanas después, el propio equipo económico confirmó la magnitud del desfasaje. En una reunión convocada por el presidente Santiago Peña con siete exministros de Hacienda, el exministro César Barreto reveló que el Estado había encontrado una deuda de 280 millones de dólares que antes desconocía y que no figuraba en los registros del Ministerio de Economía y Finanzas. El origen del faltante no fue un fraude sofisticado sino una falla de arquitectura contable. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía administraban a sus proveedores con sistemas distintos, de modo que compras del Estado, sobre todo de medicamentos, se ejecutaban sin quedar visibles en los reportes financieros que la cartera publica cada mes y cada año.

Ese hallazgo obligó a sincerar dos magnitudes que hasta entonces convivían en una zona gris. El Ministerio de Economía reconoce hoy compromisos pendientes por 1.270 millones de dólares, mientras que los propios proveedores del Estado reclaman alrededor de 1.300 millones. Son dos mediciones distintas de un mismo agujero, lo que la administración admite deber y lo que el sector privado dice que le deben, y la brecha entre ambas resume el costo de haber llevado esas cuentas por fuera del tablero principal.

El efecto sobre el resultado fiscal es la parte más elocuente del episodio. El ministro Óscar Lovera estima que el déficit de 2026 cerrará cerca del 3,2% del Producto Interno Bruto, y admitió que, sin la regularización de los atrasos, ese número se ubicaría en torno al 2%. Barreto fue más lejos y calculó, con dudas explícitas, que el desbalance de este año podría acercarse al 4%. Cualquiera de las dos lecturas deja el resultado real al doble o más del tope legal del 1,5% que el país exhibía como sello de disciplina. La convergencia hacia ese límite, que la regla obligaba a sostener, recién se restablecería en 2028, al final de la actual administración.

Para financiar la salida sin disparar el endeudamiento ni tocar los impuestos, el Gobierno diseñó un mecanismo de cesión de derechos de cobro. Los proveedores transfieren sus acreencias a los bancos y el Tesoro asume el pago en cuotas mensuales a 36 meses, con un flujo estimado de entre 12 y 13 millones de dólares por mes, sobre operaciones que apuntan a unos 450 millones de dólares. Lovera sostiene que, en todos los escenarios que maneja, la relación deuda sobre Producto Interno Bruto permanece por debajo del 40%, un límite que la administración presenta como su ancla de credibilidad frente al mercado.

La pieza que cierra el cuadro es una admisión que hasta hace poco no figuraba en el discurso oficial. En la misma mesa donde se cuantificó el faltante, los participantes coincidieron en que el problema no es ajeno al conocimiento de los organismos que hacen el seguimiento de la economía paraguaya, y mencionaron de manera directa al Fondo Monetario Internacional, ante el cual el tema quedó expuesto y del cual llegaron las recomendaciones. La secuencia es la que incomoda. Primero el país mostró un déficit pegado al tope legal, después el Fondo señaló que faltaban atrasos por registrar, y recién entonces el Estado reconoció que una parte de esa deuda ni siquiera estaba en sus libros. El grado de inversión y la solvencia soberana no están en discusión, pero la distancia entre las cifras que Paraguay presentaba y las que finalmente afloraron define el verdadero examen pendiente, el de la calidad y la integridad de sus estadísticas fiscales.