El Estado paraguayo reconoció una deuda cercana a USD 1.000 millones con empresas proveedoras del sector sanitario y habilitó un mecanismo de pago bancario a 36 meses.
El reconocimiento oficial cuantifica un pasivo estatal que se formó por compromisos pendientes de pago desde el año 2012. El volumen del pasivo carece de un desglose público que permita identificar el monto exacto adeudado a cada laboratorio farmacéutico.
Del pasivo total aceptado, una porción de unos USD 400 millones obedece al suministro de medicamentos al sector público. Otra fracción de USD 200 millones corresponde a prestaciones de servicios médicos, tratamientos de diálisis y provisión de equipamientos, precisó Óscar Lovera, ministro de Economía.
"Durante la reunión, la ministra de Salud María Teresa Barán informó que las obligaciones acumuladas alcanzarían aproximadamente US$ 1.000 millones, correspondientes a compromisos pendientes desde 2012", señaló el senador Silvio Ovelar.
El legislador aclaró que la cifra oficial todavía debe ser respaldada con documentación técnica antes de que el Congreso tome una decisión. El volumen de deuda informado corresponde a una declaración ministerial y no a una auditoría finalizada.
Para cancelar los saldos atrasados, el Gobierno instrumentó un mecanismo de cesión de derechos de cobro en el sistema financiero local. Los bancos entregan liquidez por adelantado a los laboratorios, y el Estado asume el pago del capital en cuotas.
El cronograma de devolución se extiende por 36 meses y genera un flujo de pagos de entre USD 12 y 13 millones mensuales desde las cuentas públicas, calculó el titular de la cartera económica.
La operación financiera implica un costo de descuento para la empresa proveedora, que recibe el dinero de forma anticipada pero resigna una parte del monto original. El porcentaje exacto de ese descuento comercial no consta en los registros públicos.
El Ministerio de Salud no es el único deudor del sistema sanitario que acumula obligaciones con las empresas farmacéuticas.
El Instituto de Previsión Social concentra una deuda paralela de G. 2,33 billones con el sector proveedor de medicamentos. Este pasivo de la entidad previsional equivale a unos USD 384 millones al tipo de cambio actual y excluye sus deudas financieras, precisó Máximo Pérez, encargado de la Tesorería del IPS.
Las obligaciones de ambas instituciones corresponden a entidades diferentes y se administran por vías contables separadas.
En paralelo al esquema de cesión bancaria, el Tesoro realizó transferencias directas recientes para reducir la carga de los proveedores. Entre abril y mayo de 2026, el Gobierno ejecutó un desembolso de USD 180 millones para cancelar compromisos atrasados.
La inyección de fondos estatales sumó un pago adicional de USD 42 millones en junio de 2026. Esta segunda transferencia resultó viable por el incremento estacional que registró la recaudación del Impuesto a la Renta Empresarial durante ese mes.
La magnitud del pasivo estatal coexiste en el tiempo con faltantes de medicamentos en los centros públicos de atención. La industria vincula este déficit tanto a los procesos de logística de distribución como al volumen de stock en los depósitos oficiales.
La discusión sobre el pago de esta deuda ocurre como paso previo al tratamiento legislativo de los USD 600 millones previstos en el proyecto de Presupuesto 2027 para cesión de derechos, y al debate sobre una deuda oculta de USD 280 millones.
La falta de una declaración de emergencia para el Instituto de Previsión Social, rechazada previamente por el Senado, traslada el debate sobre la cancelación de sus USD 384 millones de pasivos farmacéuticos a las próximas sesiones del cuerpo legislativo.