La secretaria de Estado de Comercio de España, Amparo López Senovilla, culminó una visita oficial a Asunción destinada a fortalecer los lazos comerciales y de inversión en el marco de la reciente aplicación provisional del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, vigente desde el pasado primero de mayo de 2026. Durante sus encuentros con autoridades locales, la funcionaria española destacó las fortalezas económicas de Paraguay, enfatizando la competitividad de su sector agroindustrial y la sustentabilidad de su matriz energética limpia. En este escenario de integración birregional, España proyecta un horizonte propicio para expandir su presencia económica en el país sudamericano.

Las cifras oficiales reflejan una relación bilateral en constante dinamismo. Actualmente, la inversión española acumulada en territorio paraguayo alcanza un estimado de 190 millones de euros. A su vez, el intercambio comercial entre ambas naciones ha registrado un incremento aproximado del 30% en el transcurso de los últimos cuatro años, abarcando el periodo entre 2022 y 2026. Si bien el stock de capital acumulado es modesto en comparación con los flujos destinados a economías de mayor envergadura en la región, la tendencia ascendente evidencia el atractivo de Paraguay como una plataforma de producción y exportación para el mercado europeo.

El renovado interés de los capitales de la península ibérica no responde a una migración forzada por crisis en países vecinos, sino a una estrategia planificada de apertura comercial de cara al pacto entre el Mercosur y la Unión Europea. Este tratado, que debió sortear 25 años de negociaciones, establece un marco arancelario favorable y otorga previsibilidad para el ingreso de bienes y servicios. Para Paraguay, las proyecciones oficiales estiman un incremento de sus exportaciones hacia el viejo continente superior al 27%, además de un impacto positivo en el crecimiento del producto interno bruto estimado en un uno por ciento.

No obstante, la consolidación de este flujo de inversiones está sujeta a condiciones específicas planteadas por la delegación ibérica. La secretaria López Senovilla transmitió la inquietud de los empresarios españoles respecto al funcionamiento de las compras públicas. En particular, los inversores demandan un incremento en los niveles de transparencia y una equiparación de condiciones competitivas frente a las empresas locales en las licitaciones estatales. Esta demanda busca nivelar el campo de juego para las firmas extranjeras interesadas en participar en obras de infraestructura y provisión de servicios al Estado.

A pesar de estos reclamos institucionales, la percepción corporativa respecto al clima de negocios en el país sigue siendo sumamente favorable. Los representantes comerciales valoran especialmente la estabilidad regulatoria, la moderada presión tributaria corporativa que se sitúa en un diez por ciento y los costos competitivos de la energía hidroeléctrica. El desafío para las autoridades locales radicará en canalizar estas demandas de seguridad jurídica para materializar los proyectos de inversión previstos en la nueva era de integración comercial con Europa.