La posibilidad de construir la central hidroeléctrica binacional Corpus ha vuelto al centro de las discusiones sobre la infraestructura energética regional en la cuenca del río Paraná. La iniciativa, orientada a aprovechar el potencial hidráulico en el tramo compartido entre Paraguay y Argentina, proyecta una potencia instalada de 2.880 MW y requiere un nivel de inversión estimado entre USD 4.192 millones y USD 4.440 millones. Tras permanecer inactiva durante décadas, la reactivación del debate sitúa a este emprendimiento estratégico nuevamente en las agendas técnicas y políticas de ambos países.
El emplazamiento previsto para la obra se ubica entre las ciudades de Corpus Christi, en la provincia argentina de Misiones, y Hohenau, en el departamento paraguayo de Itapúa. Específicamente, el diseño contempla el aprovechamiento del río Paraná sobre la isla Pindó-i. De concretarse el proyecto bajo esta localización, la infraestructura hidráulica quedaría situada a 61 km aguas arriba de la ciudad de Encarnación. Las evaluaciones técnicas y el desarrollo de las actualizaciones sobre los estudios de viabilidad técnica, económica y ambiental continúan a cargo de la Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP), el organismo binacional responsable de la gestión del tramo del río.
A pesar de su magnitud y de las proyecciones en materia de generación energética, la iniciativa enfrenta condicionalidades políticas e históricas determinantes. El principal obstáculo no radica en la factibilidad técnica ni en los esquemas de financiamiento, sino en el marco regulatorio y la opinión pública de la provincia de Misiones. En 1996, se llevó a cabo un primer plebiscito en dicha jurisdicción argentina, donde la ciudadanía rechazó de forma contundente la construcción de la represa con el 88,6% de los votos en contra, lo que derivó en la parálisis formal de las gestiones durante casi treinta años.
El proceso institucional para reabrir la discusión política en territorio argentino registró un paso clave el 21 de mayo de 2026. En esa fecha, el diputado provincial argentino Martín Arjol presentó formalmente una propuesta legislativa con el objetivo de convocar a un segundo plebiscito obligatorio en Misiones. La intención de este proyecto es someter a consideración de la ciudadanía la eventual derogación o modificación de las restricciones vigentes, abriendo la vía legal para que la provincia reevalúe su postura histórica respecto al proyecto hidroeléctrico binacional.
Posteriormente, el 28 de julio de 2026, las gestiones continuaron en el terreno local mediante la realización de una presentación en el municipio argentino de El Dorado, desarrollada en colaboración con la Cámara de Comercio local. Dicha actividad tuvo como propósito exponer los alcances de la propuesta ante sectores empresariales y comerciales de la región, fomentando el diálogo sobre las oportunidades de desarrollo e infraestructura asociadas al proyecto. No obstante, las autoridades y analistas aclaran que la realización de presentaciones locales no implica la aprobación formal ni la adjudicación de las obras.
En la etapa actual, la central hidroeléctrica Corpus se mantiene estrictamente en una fase de debate normativo y análisis de viabilidad técnica a través de las labores conducidas por la COMIP. No existen contratos adjudicados, compromisos financieros asumidos ni acuerdos definitivos entre los gobiernos de Paraguay y Argentina para el inicio de las obras. La viabilidad futura del proyecto depende, en primera instancia, del resultado del proceso legislativo iniciado en Misiones y de la eventual votación ciudadana en caso de concretarse una nueva consulta popular.
El resurgimiento de la discusión sobre la represa Corpus coincide con un escenario donde la región analiza las alternativas para responder a las necesidades de generación eléctrica de los próximos años. Una obra de esta escala en el curso del río Paraná incidiría de manera directa en la capacidad energética de los dos países. Sin embargo, la evolución de las negociaciones demuestra que el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura compartida demanda no solo acuerdos entre administraciones centrales, sino también consensos sociales y políticos en los territorios subnacionales directamente vinculados.