El acuerdo firmado a puertas cerradas en Brasilia que fijó la tarifa de potencia de Itaipú Binacional en 19,28 dólares por kilowatt-mes hasta diciembre de 2026 consagró la consolidación de la mayor estructura de financiamiento político paralela de la historia paraguaya. Lejos de representar un triunfo diplomático para la competitividad industrial, el pacto garantiza una recaudación extraordinaria de aproximadamente 650 millones de dólares anuales para el gobierno paraguayo, administrada al margen del Presupuesto General de la Nación (PGN) y blindada contra la Ley de Contrataciones Públicas.

El artificio financiero es químicamente puro: tras la amortización final de los préstamos contraídos con Eletrobrás y el BNDES para construir la represa, el costo unitario de generación eléctrica cayó a un rango técnico de entre 10 y 11 dólares por kW-mes. Sin embargo, Santiago Peña y Luiz Inácio Lula da Silva acordaron mantener una tarifa sobrecargada artificialmente en casi un 80% sobre el costo real. La diferencia entre el costo de explotación y la tarifa cobrada a las distribuidoras se canaliza directamente a los denominados 'gastos de responsabilidad socioambiental'.

En la margen derecha paraguaya, este flujo de 650 millones de dólares anuales, equivalente al 18% de todo el presupuesto tributario anual del Estado, es ejecutado bajo la supervisión unipersonal del director general Justo Zacarías Irún y de un selecto comité de directores afines al movimiento oficialista. Las compras de flotas de patrulleras, convenios con oenegés fantasmas, refacciones de plazas y subsidios asistenciales se adjudican mediante procedimientos de contratación directa binacional, donde no rigen los pliegos de bases del portal DNCP ni las licitaciones públicas transparentes.

El blindaje legal de esta caja negra descansa sobre la doctrina de la 'supranacionalidad': cada vez que la Contraloría General de la República o comisiones bicamerales del Congreso intentan auditar los comprobantes de egreso, contratos y nóminas de personal temporal contratado por Itaipú, las asesorías jurídicas de la binacional interponen acciones ante la Corte Suprema de Justicia argumentando que el Tratado de 1973 prohíbe la injerencia de órganos de control internos de cualquiera de los dos Estados socios.

El impacto macroeconómico de este esquema es perverso. Mientras el sector productivo y las familias paraguayas pagan tarifas de electricidad que no bajan, impidiendo la radicación de industrias electrointensivas que generen empleo formal, el Poder Ejecutivo dispone de un caudal de liquidez líquida inagotable para aceitar lealtades partidarias, financiar campañas proselitistas territoriales y cooptar intendencias y gobernaciones opositoras de cara al cronograma electoral municipal de 2026.

En el plano internacional, diplomáticos brasileños no ocultan su satisfacción con el acuerdo: a cambio de convalidar la caja de gastos sociales de Asunción por 36 meses, Brasilia logró desactivar cualquier reclamo agresivo de Paraguay sobre la libre exportación de su energía a terceros países y compró tiempo estratégico para forzar, a partir del 1 de enero de 2027, el desplome definitivo de la tarifa hacia el costo de explotación puro, lo que significará un subsidio masivo e irreversible para los consumidores industriales del parque fabril brasileño.

Expertos en política exterior coinciden en que Peña hipotecó el futuro energético paraguayo a cambio de caja de corto plazo. Al finalizar el período trienal en 2026, el flujo de los 650 millones de dólares desaparecerá de golpe, dejando al Estado paraguayo sin ahorros soberanos en fondos anticíclicos, con una red de transmisión de la ANDE colapsada por falta de inversiones y con la obligación ineludible de aceptar los dictados de Brasilia para el nuevo Anexo C.

La caja social de Itaipú no es una herramienta de política pública ni un motor de desarrollo: es un enclave de discrecionalidad monárquica en el corazón de una república constitucional, donde miles de millones de dólares del patrimonio hidroeléctrico nacional se evaporan sin rendición de cuentas en el más absoluto silencio institucional.