El Gobierno paraguayo y los principales gremios de la producción agroindustrial sellaron un frente común para trabar el reparto asimétrico de las cuotas comerciales concedidas por la Unión Europea al Mercosur. La posición de Asunción exige una distribución igualitaria del 25% por país miembro para los contingentes arancelarios del bloque, rechazando de plano el criterio de volumen histórico que promueven Brasilia y Buenos Aires. La pulseada coincide con la entrada en vigor, fijada por la Comisión Europea para el 3 de septiembre de 2026, de la suspensión a las importaciones de carne y derivados procedentes de Brasil por incumplimientos sistemáticos en las garantías sobre el uso de medicamentos antimicrobianos en su ganadería.
La fricción diplomática se intensificó tras la aplicación provisional del Acuerdo Interino de Comercio iniciada el 1 de mayo de 2026. Al no existir un consenso interno previo en el Mercosur, las autoridades aduaneras de Bruselas abrieron las cuotas bajo el mecanismo de primer llegado, primer servido. Este esquema operativo permitió que los operadores argentinos y brasileños acapararan en pocas semanas la totalidad de los cupos de miel y huevos, dejando en evidencia la vulnerabilidad de las economías de menor escala relativa del bloque frente al gigantismo de sus socios mayores. Ante este escenario, la Cancillería Nacional y el sector privado ratificaron que no convalidarán un esquema que relegue la capacidad exportadora del país.
El paquete en disputa comprende 99.000 toneladas de carne vacuna con un arancel preferencial del 7,5%, 180.000 toneladas de carne aviar con arancel cero, 60.000 toneladas de arroz y 45.000 toneladas de miel. Para contrarrestar la firmeza paraguaya, el Gobierno brasileño puso sobre la mesa una oferta compensatoria consistente en elevar su aporte anual al Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur a 100 millones de dólares, tras haber proyectado inicialmente un recorte a 35 millones. Al mismo tiempo, Paraguay cuenta con una arquitectura técnica consolidada mediante la Ley 7221/23 del Sistema de Identificación Animal, que ya aplicó 6 millones de caravanas electrónicas sobre un hato de 13 millones de cabezas, articulada con el registro socioambiental RETSA PY y la plataforma de trazabilidad de granos para cumplir con las exigencias del Reglamento Europeo de Deforestación.
Las ventajas competitivas del modelo paraguayo frente al resto de los socios regionales van más allá de la sanidad pecuaria. Con un Impuesto a la Renta Empresarial del 10% frente al 34% de Brasil y el 35% de Argentina, sumado a la alícuota única del 1% bajo el régimen de maquila y costos de energía hidroeléctrica hasta 60% inferiores, el país se perfila como un polo de atracción de inversiones agroindustriales y manufactureras. En los debates estratégicos de la Ruta Exportadora impulsados por la Unión Industrial Paraguaya y la banca multilateral de desarrollo, se identificó un alto potencial de inserción para derivados plásticos, manufacturas livianas, biomasa forestal, bioenergía y azúcar orgánica, transformando la plataforma productiva local en un centro de procesamiento de valor agregado para el mercado comunitario.
La conducción política del país ratificó que la firmeza en la mesa de negociación no es negociable. Durante los últimos encuentros sectoriales, el presidente Santiago Peña remarcó ante los directivos agropecuarios que Paraguay no prestará su conformidad a ningún esquema que profundice asimetrías históricas, mientras que el canciller Rubén Ramírez Lezcano y los representantes de la producción coordinan alternativas para hacer valer la mayor confiabilidad sanitaria del país frente a los importadores europeos. Los analistas internacionales destacan que las demoras en definir el reparto perjudican la previsibilidad de los negocios, pero la ventana que abre el bloqueo sanitario a Brasil otorga a Paraguay una posición de fuerza inédita para garantizar un piso de acceso genuino a los mercados de alta gama del viejo continente.