En lo que ya se perfila como uno de los episodios más humillantes de la diplomacia paraguaya moderna, el gobierno de Santiago Peña quedó atrapado en una red de sumisión, pánico institucional y, aparentemente, mentiras descaradas. Forzado por una presión política interna insostenible, el Ejecutivo intentó simular firmeza frente a las provocaciones históricas de Brasil, solo para que el propio gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva desmintiera públicamente la supuesta gestión diplomática de Asunción, dejando a la Cancillería paraguaya en un ridículo internacional.
El desastre diplomático comenzó el pasado 24 de julio. Durante un acto en la fábrica militar Avibras en São Paulo, el presidente brasileño reescribió la historia con total impunidad. Para justificar el rearme de su país, Lula afirmó que Brasil es pacífico, pero advirtió que no se debe olvidar que "un buen día Paraguay decidió invadir Brasil", arrastrando a Argentina y Uruguay en la Guerra de la Triple Alianza. Fue un insulto directo a la memoria histórica paraguaya que minimizó el conflicto más sangriento del continente a un simple capricho de Asunción.
Ante un atropello de esta magnitud contra la soberanía histórica del país, la respuesta natural de cualquier Estado soberano habría sido una condena inmediata. Sin embargo, la administración de Peña optó por la genuflexión. Durante casi una semana, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay mantuvo un silencio sepulcral. Esta timidez diplomática indignó al Congreso y a la sociedad civil, quienes denunciaron la alarmante pasividad oficial, exigiendo que el Gobierno dejara de comportarse como un apéndice subordinado de Brasilia.
Acorralado por las críticas de su propio país, el Ejecutivo ensayó una reacción tardía y tibia. El vicepresidente en ejercicio, Pedro Alliana, balbuceó un repudio recordando tibiamente el impacto de la masacre e implorando como "gesto reparador" la devolución del histórico Cañón Cristiano. La verdadera presión la puso el Senado, que en sesión extraordinaria aprobó por unanimidad un rechazo enérgico a Lula, obligando al Palacio de los López a actuar.
Recién el 30 de julio, el Canciller Rubén Ramírez Lezcano rompió el hermetismo en un intento desesperado por salvar la imagen del Gobierno. Anunció la convocatoria del embajador brasileño y, como trofeo de gestión, aseguró que el presidente Santiago Peña había sostenido una llamada personal con Lula da Silva para "encauzar" la crisis. Era el relato perfecto de un gobierno en control.
Pero el castillo de naipes colapsó en horas. La prensa brasileña, citando fuentes del más alto nivel del gobierno federal en Brasilia, desmintió categóricamente a la Cancillería paraguaya: esa llamada telefónica entre los mandatarios nunca existió. La humillación fue total. Itamaraty y el Palácio do Planalto mantuvieron un silencio letal, ignorando los reclamos de Asunción y exponiendo la supuesta gestión de Peña como una burda invención para calmar a la tribuna interna.