El Tribunal de Sentencia Colegiado Especializado en Delitos Económicos y Corrupción Pública dio inicio formal al juicio oral y público contra el intendente municipal de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, junto a otros diez procesados en la causa conocida como Tía Chela. El proceso judicial investiga una presunta estructura montada para desviar recursos comunales mediante la adjudicación directa de 25.000 kits de alimentos por un monto global de 2.949.650.000 de guaraníes durante la emergencia sanitaria de 2020. La apertura de la audiencia marca el inicio de una de las causas judiciales más complejas del fuero especializado, que pondrá bajo escrutinio exhaustivo las adquisiciones excepcionales realizadas por administraciones locales.

El expediente penal se originó en la fiscalización de los fondos de emergencia asignados a la comuna esteña para mitigar los efectos del confinamiento en sectores vulnerables. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, la firma adjudicada comercialmente como Tía Chela, propiedad de Emili Vanessa Florentín, carecía de la capacidad operativa, financiera, logística y de almacenamiento necesaria para acopiar y distribuir el volumen comprometido de mercaderías. Las inspecciones administrativas y los inventarios preliminares determinaron que la proveedora no contaba con instalaciones acordes a la envergadura del contrato ni registros de compras equivalentes a mayoristas del sector, lo que configuró la sospecha de una simulación documental en el circuito de entrega.

En el plano normativo y procesal, la fiscalía formuló acusación formal por los hechos punibles de lesión de confianza, tipificado en el artículo 192 del Código Penal, y asociación criminal, previsto en el artículo 239 del mismo cuerpo legal. Las pesquisas incorporaron auditorías técnicas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y dictámenes de la Contraloría General de la República, entidades que señalaron transgresiones a los principios de concurrencia, razonabilidad de precios y comprobación efectiva de recepción. Asimismo, los análisis financieros y periciales integrados a la carpeta fiscal rastrearon las transferencias bancarias y los cheques emitidos por la tesorería municipal para documentar el itinerario del flujo de capitales hacia las cuentas de los involucrados.

En perspectiva comparada, el juzgamiento de contrataciones de emergencia en gobiernos subnacionales sitúa a la judicatura paraguaya ante estándares de control similares a los implementados en Brasil y Argentina tras las auditorías posteriores a la pandemia. En las jurisdicciones vecinas, los tribunales federales consolidaron una rigurosa doctrina que sanciona el desvío de partidas extraordinarias cuando no se demuestra la trazabilidad física de los bienes asistenciales. La sustanciación de este caso en Asunción representa una prueba clave para el fuero de Delitos Económicos en la fijación de precedentes sobre el uso de la figura de excepción administrativa y la responsabilidad penal de los ordenadores de gastos.

Durante la sesión inaugural, los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimy Adle, solicitaron la inclusión de pruebas documentales y testimonios institucionales de alta relevancia, entre ellos la comparecencia del director nacional de Contrataciones Públicas, Agustín Encina. Por su parte, la defensa técnica de Prieto planteó diversas incidencias previas y solicitó la testifical de decenas de personas para intentar acreditar la recepción efectiva de los paquetes de alimentos. Tras admitir el debate inicial sobre las cuestiones previas, el tribunal colegiado presidido por la jueza Ana Rodríguez, e integrado por las juezas Karina Cáceres y Yolanda Morel, resolvió decretar un receso para continuar las deliberaciones el próximo 7 de septiembre.