El aumento del cinco por ciento en el salario mínimo legal empujará los precios de los supermercados, que concentran hasta el 35 por ciento del consumo masivo, durante la segunda quincena del mes.
El reajuste de las remuneraciones obligatorias para el sector privado y el encarecimiento de los combustibles incrementaron de golpe la estructura de costos operativos. Las cadenas minoristas afirman que absorber estas alzas resulta inviable en términos financieros.
El impacto sobre el presupuesto de los hogares asoma como un desenlace inevitable en el mediano plazo.
"El 60 por ciento de los costos en el supermercadismo son mano de obra", afirmó Gustavo Lezcano, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados. El peso específico de la nómina salarial deja a las empresas sin espacio para amortiguar el golpe sin trasladarlo al bolsillo del cliente.
El repunte de los precios al consumidor se sentirá en las cajas registradoras recién en los próximos días.
Los remarcajes de los productos exhibidos en los salones de venta arrancarán en firme después de la primera mitad del mes. El rezago temporal en el traslado de los costos responde al cierre del ciclo administrativo contable de las firmas minoristas y mayoristas de alimentos.
La cámara empresarial asegura, no obstante, que la escalada inflacionaria mostrará un comportamiento acotado y manejable para la economía.
"No creo que sea mucho, no debería incidir muy fuertemente, más que un costo directo de combustible, logística", argumentó el vocero del gremio comercial. El diagnóstico de los empresarios busca calmar un alarmismo prematuro que podría llegar a paralizar por completo la demanda en sus numerosas sucursales operativas.
El escenario macroeconómico actual resulta en extremo complejo para ensayar una rápida recuperación de los márgenes corporativos perdidos.
La coyuntura comercial choca de frente contra la fría dinámica estacional del gasto de las familias paraguayas en esta época del año. "Agosto como setiembre son meses malos para el supermercado", reconoció el ejecutivo mercantil, anticipando un bimestre duro marcado por una severa retracción del consumo general urbano.
El desplome habitual de las ventas limita la maniobra financiera de los departamentos de compras de las corporaciones.
Las cadenas minoristas carecen del poder para imponer nuevas tarifas a los proveedores que abastecen sus estantes a diario. "Nosotros somos tomadores de precios y vamos a ver cómo se va a ir comportando", sentenció Lezcano. La última palabra sobre los ajustes queda en manos de la industria proveedora.
La presión simultánea del componente laboral y de los fletes asfixia de lleno al comercio formal a nivel nacional.
El sector minorista local debe navegar el difícil equilibrio entre sostener sus ajustados márgenes de ganancia y evitar la expulsión definitiva de los consumidores de menores ingresos.
Una suba abrupta en los precios del supermercado empuja al cliente promedio hacia las fauces de la comercialización fronteriza en negro.
El nivel de facturación en ventanilla durante el tramo final del mes de agosto determinará si las grandes corporaciones del consumo logran congregar el volumen de operaciones necesario y suficiente para sostener todo su complejo andamiaje comercial frente al duro encarecimiento inminente de su vasta base operativa de trabajadores.
La capacidad de compra real de las familias en las semanas venideras constituirá el termómetro definitivo para evaluar el alcance total de estos nuevos ajustes tarifarios sobre la economía real urbana.