La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) de Paraguay, bajo la conducción de Jorge Kronawetter, dio un paso decisivo el pasado 6 de julio de 2026 al poner en vigencia la Resolución DNM N.º 407/2026. Esta nueva normativa busca subsanar de forma definitiva los vacíos y asimetrías de control que persistían desde la promulgación de la Ley de Migraciones N.º 6984/2022. Aunque aquella legislación de 2022 modernizó de manera sustancial los trámites burocráticos y suprimió el tradicional depósito de garantía de USD 5.000 (aproximadamente 35 salarios mínimos) en el Banco Nacional de Fomento (BNF) para acceder a la radicación permanente, la flexibilización excesiva en la demostración de ingresos generó una brecha de fiscalización frente a regímenes especiales, como el Acuerdo de Residencia del MERCOSUR. Con la Resolución 407/2026, el Estado paraguayo unifica y estandariza las exigencias de solvencia económica para todos los solicitantes.

El endurecimiento de los controles coincide con una ola migratoria sin precedentes históricos en el país. Según el tercer Informe de Gestión del presidente Santiago Peña, entre julio de 2025 y mayo de 2026 se otorgaron un total de 54.946 residencias a extranjeros, compuestas por 42.929 residencias temporales y 12.017 permanentes. La velocidad de este fenómeno se refleja con mayor nitidez en los primeros cinco meses de 2026 (enero a mayo), período en el cual las solicitudes de radicación iniciadas escalaron un 69% interanual hasta alcanzar las 27.809 gestiones, mientras que las concesiones aprobadas aumentaron un 92% interanual, sumando 24.720 radicaciones otorgadas de forma efectiva.

El perfil demográfico de esta ola de inmigración revela transformaciones profundas. Brasil encabeza la lista de emisores, pero a los tradicionales "brasiguayos" concentrados en la agricultura en los departamentos de frontera, ahora se acopla una activa corriente urbana de industriales, directivos y empresarios que relocalizan sus plantas en territorio paraguayo. Argentina ocupa el segundo lugar; sus ciudadanos migran en busca de resguardo patrimonial y previsibilidad macroeconómica ante los procesos de alta inflación y devaluaciones recurrentes del peso argentino. En el ámbito extra-Mercosur, Alemania se consolida como el principal origen, aportando un flujo constante de jubilados y profesionales atraídos por el bajo costo de vida, la seguridad y las ventajas impositivas del país, sumados a corrientes estables procedentes de España, Estados Unidos, Colombia y Venezuela.

Ante este panorama, la Resolución 407/2026 elimina de raíz la denominada "presunción simple" de ingresos. En su lugar, establece doce categorías o perfiles específicos de solvencia económica lícita que exigen pruebas documentales estrictas. Los profesionales deben presentar su título debidamente apostillado o legalizado, visado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), junto a contratos vigentes o patentes de ejercicio profesional. Los técnicos deben adjuntar certificados de capacitación y contratos de servicios, en tanto que los empleados en relación de dependencia deben registrar contratos de trabajo homologados y recibos de haberes recientes. Por su parte, los trabajadores independientes que ejerzan el comercio o servicios en el país deben acreditar un RUC activo con una antigüedad mínima sugerida de cuatro meses y sus correspondientes formularios del Impuesto al Valor Agregado (Formulario 120 - IVA).

La normativa también abarca figuras modernas y particulares. Los nómadas digitales y trabajadores a distancia deben exhibir sus contratos con empresas extranjeras y extractos bancarios que certifiquen el ingreso de divisas al circuito bancario regulado paraguayo. Quienes basen su solvencia en activos deben presentar títulos de propiedad inscritos en la Dirección General de los Registros Públicos o, en el caso de socios y accionistas, actas de constitución, asambleas ordinarias y constancias de tenencia accionaria. Los productores agropecuarios deben adjuntar títulos de propiedad rural, declaraciones del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) y las correspondientes actas de vacunación de SENACSA para certificar su actividad ganadera. Los religiosos requieren avales de sus congregaciones registrados ante el Viceministerio de Culto del MEC, mientras que los jubilados internacionales deben presentar certificaciones legalizadas que demuestren el cobro de una pensión vitalicia mensual. Finalmente, los dependientes y estudiantes deben contar con compromisos de manutención firmados por patrocinadores o tutores legales que reúnan plenamente los requisitos de ingresos mencionados.

Cabe recordar que el cálculo de suficiencia se realiza en base al Salario Mínimo Legal vigente, fijado desde el 1 de julio de 2026 en G. 3.044.000 (aproximadamente USD 400) bajo el Decreto N.º 6225/2026 y la Resolución MTESS N.º 670/2026.

Esta reorganización responde directamente a una saturación administrativa e institucional. La Dirección Nacional de Migraciones experimentó una severa sobrecarga de su capacidad operativa en su sede central de Asunción y en oficinas clave de la frontera como Ciudad del Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero. Este colapso obligó al organismo a digitalizar íntegramente la gestión de los expedientes y a consolidar convenios de cruce de datos en tiempo real con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Asimismo, la medida es un blindaje contra el lavado de dinero y la informalidad. El vacío normativo previo permitía a extranjeros radicarse alegando ingresos que posteriormente no se declaraban ni tributaban ante el fisco. Al exigir trazabilidad bancaria e impositiva, Paraguay no solo promueve la inserción formal de los inmigrantes desde el primer día, sino que protege la integridad y reputación de su sistema bancario frente a los estándares de GAFILAT. El director de Migraciones, Jorge Kronawetter, fue tajante sobre los límites del proceso: "Paraguay es un país de puertas abiertas, pero la hospitalidad no puede comprometer la seguridad jurídica ni el orden económico. Con la Resolución 407/2026 pasamos de la presunción a la verificación real. Quien venga a trabajar y a invertir legítimamente encontrará un proceso transparente; quien intente burlar el sistema con documentación falsa se expone a denuncias penales ante la Fiscalía y hasta cinco años de cárcel".

La severidad no es menor: la presentación de documentos para la radicación tiene carácter de declaración jurada, y la falsificación o alteración de documentos no auténticos es un delito que conlleva penas de hasta cinco años de prisión según el Código Penal paraguayo.

El flujo continuo de migrantes e inversores, no obstante, está respaldado por las fortalezas estructurales de la economía paraguaya. El país se mantiene como un refugio de estabilidad cambiaria e impositiva regional gracias a la solidez del guaraní y a su esquema de baja presión tributaria conocido como el "Triple 10" (10% de IVA, 10% de impuesto de renta corporativa o IRE, y 10% de impuesto de renta personal o IRP). A esto se suman los incentivos del régimen de maquila, con un tributo único del 1% sobre el valor de exportación, la Ley 60/90 de fomento de inversiones y un costo de vida significativamente inferior al de las grandes capitales de la región.

Como resume un analista macroeconómico local: "Paraguay funciona como un refugio económico regional debido a la estabilidad histórica del guaraní y la baja inflación. El fin del depósito de los 5.000 dólares fue un avance de desburocratización en 2022, pero generó un descontrol en los controles de solvencia en el Acuerdo Mercosur. Exigir RUC y cumplimiento impositivo real formaliza la migración desde el primer día". Por su parte, desde la Unión Industrial Paraguaya (UIP) advierten que "el régimen de Maquila y la competitividad impositiva del 'Triple 10' atraen a miles de emprendedores, especialmente de Brasil. Sin embargo, un boom descontrolado expone al país a riesgos de lavado de dinero y sobrecarga de servicios. Ordenar la casa en términos de solvencia económica era un paso urgente".