El déficit fiscal anualizado de Paraguay se situó en un 2,6 por ciento del Producto Interno Bruto al cierre del primer semestre de 2026, lo que representa unos 1.716 millones de dólares. Esta cifra supera en 1,1 puntos porcentuales el límite legal anual del 1,5 por ciento establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Si bien el resultado acumulado del periodo de enero a junio arroja un desequilibrio de 4,7 billones de guaraníes, equivalentes a 732,1 millones de dólares o un 1,2 por ciento del Producto Interno Bruto, la proyección anualizada a doce meses ya rebasó las metas oficiales antes de ingresar a la segunda mitad del año.

El Ministerio de Economía y Finanzas atribuye este incremento anualizado principalmente a dos factores concurrentes que afectaron el balance financiero del Estado. En primer lugar, se registró una fuerte caída del 33 por ciento en las transferencias provenientes de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, como consecuencia de un menor flujo de ingresos no tributarios por cesión de energía. En segundo lugar, se constató un aumento del 11,7 por ciento en el gasto público total en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que acentuó la presión sobre las cuentas de la administración central.

En el plano de los ingresos, el comportamiento tributario muestra una marcada desaceleración en la recaudación real interna durante los últimos meses. La recaudación impositiva general retrocedió un 2,4 por ciento en mayo y profundizó su caída hasta un 5,9 por ciento interanual en junio, debido en gran parte a la retracción de los ingresos aduaneros. El fisco reportó contracciones aduaneras del 22,5 por ciento en mayo y del 18,2 por ciento en junio, una tendencia a la baja que las autoridades vinculan a la apreciación del guaraní frente al dólar estadounidense, que abarata las importaciones en moneda local.

Como contrapeso a la merma aduanera, la fiscalización interna logró apuntalar otros rubros de la estructura impositiva. El Impuesto a los Dividendos y Utilidades registró una expansión cercana al 30 por ciento gracias al endurecimiento de los controles aplicados por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios sobre las reservas facultativas acumuladas por las corporaciones. Con el propósito de automatizar y profundizar estos procesos de control, el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó un préstamo de 30 millones de dólares destinado a la implementación de un sistema de inteligencia artificial para la fiscalización tributaria.

Esta coyuntura fiscal pone de relieve la vulnerabilidad del esquema financiero nacional, caracterizado por poseer la presión tributaria más baja de la región con apenas el 11,2 por ciento del Producto Interno Bruto. Aunque el gobierno defiende este nivel como un pilar de solidez y competitividad para la atracción de inversiones, la fragilidad de la caja pública queda expuesta ante caídas de ingresos extraordinarios como las transferencias binacionales. La convivencia entre un discurso de solidez macroeconómica y la incapacidad de sostener la meta legal de déficit obligará a reevaluar las proyecciones de ingresos para el Presupuesto General de la Nación del próximo año.