El proyecto de fertilizantes verdes de Atome PLC en Villeta representa una oportunidad histórica para el Paraguay. La posibilidad de transformar el excedente energético de Itaipú en valor agregado industrial, sustituir importaciones por un valor estimado de USD 700 millones anuales y posicionar al país en la vanguardia global del hidrógeno verde es el salto productivo que la economía local necesita. Sin embargo, las negociaciones se encuentran en un punto de indefinición debido a la falta de un acuerdo tarifario. La multinacional británica solicita una tarifa fija congelada de USD 30 por megavatio hora (MWh) a largo plazo para asegurar la viabilidad financiera de una planta que proyecta una inversión total de USD 665 millones y la creación de 4.000 empleos directos. El dilema es complejo: Paraguay no puede darse el lujo de perder este capital, pero tampoco puede subsidiarlo desde la debilidad fiscal de sus empresas públicas.

Una empresa que necesita subsidios permanentes del Estado arriesga convertirse en una extensión del gasto público con logo corporativo. Si el modelo financiero de Atome solo es viable mediante una tarifa congelada por debajo del costo de oportunidad del sistema, parte del retorno de los accionistas globales y fondos europeos terminará siendo financiado por el consumidor local y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). El costo de la energía representa más del 80% de los costos operativos de Atome, lo que explica la presión del sector privado. El consorcio cuenta con el respaldo de accionistas como Hy24, IFC, DEG, IFDK y Sudameris, además de financiamiento estructurado por el BID Invest y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por USD 135 millones. La estructura está lista y la multinacional Yara International ya firmó un contrato por el 100% de la producción de 260.000 toneladas anuales por 10 años. Las ventajas competitivas del país —un impuesto corporativo del 10%, aranceles de importación del 0% bajo la Ley 60/90 y libre disponibilidad de dividendos— son reales, pero la tarifa eléctrica sigue siendo el nodo central.

El nudo analítico radica en que el Estado paraguayo no subsidia desde una posición de fortaleza financiera. Lo hace desde el déficit. Las empresas públicas acumularon pérdidas auditadas por USD 62 millones: Petropar lidera el terreno negativo con USD 35 millones de pérdida, lo que representa un deterioro del 52% respecto al año previo y parte de un drenaje de USD 65 millones en tres años que absorbió su patrimonio neto. Copaco arrastra pérdidas superiores a los USD 10 millones anuales, mientras que Fepasa multiplicó por diez sus saldos negativos sin operar vías. Incluso la ANDE, llamada a ser el motor del desarrollo electrointensivo, registró una caída del 95% en sus utilidades y requiere inversiones por USD 500 millones para la modernización de su red de distribución. Otorgar una tarifa congelada en dólares a 15 años compromete las finanzas de la estatal en un contexto donde el costo de generación incrementará.

El contraargumento a la rigidez tarifaria de la ANDE sostiene que los beneficios indirectos de albergar la primera planta de fertilizantes verdes a gran escala compensan el sacrificio fiscal inicial. Dejar caer la inversión deterioraría la reputación internacional de Paraguay como destino receptor de capital extranjero directo (IED). Este argumento es válido: el impacto reputacional y la pérdida de empleo técnico son costos reales. No obstante, mantener subsidios opacos e inflexibles distorsiona los balances estatales y profundiza la cultura del privilegio corporativo sin rendición de cuentas.

La solución económica no es el rechazo de la inversión ni la capitulación ante las exigencias de Atome. Si la capacidad de subsidio energético es limitada, la lógica de política industrial exige una respuesta estructural: reasignar los incentivos fiscales y los recursos energéticos retirándoselos explícitamente a las corporaciones estatales deficitarias que ya no los justifican, y canalizarlos hacia proyectos privados genuinamente transformadores. Esto debe instrumentarse mediante un mecanismo transparente, presupuestado y sujeto a cláusulas estrictas de desempeño alineadas a la inversión efectiva y el empleo. La primera barcaza de fertilizante verde puede salir de Villeta en 2029; asegurar que lo haga sin que los contribuyentes paraguayos absorban el riesgo operativo es el verdadero desafío de gestión para el Ministerio de Industria y Comercio y la ANDE.